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Hoy conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de personas en el contexto de la crisis sanitaria mundial.

Cuatro países de América Latina y el Caribe cumplen con estándares mínimos para luchar contra el tráfico de personas

El impacto económico y social de la enfermedad COVID-19 está generando que las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis lo estén todavía en mayor medida. Uno de los peligros a los que estarán más expuestas es al tráfico de personas; por ello, es importante que los países de la región se mantengan alertas y continúen trabajando en la mejora de sus acciones contra este crimen, en especial ahora que se ha vuelto más difícil brindar y acceder a servicios de atención y protección. 

Ante este panorama, informes como el elaborado por Estados Unidos sobre el tráfico de personas a nivel mundial son oportunos de analizar para impulsar la evaluación de mejores respuestas nacionales y regionales. Desde el año 2000, el gobierno estadounidense documenta los esfuerzos y avances de los países para condenar, proteger a las víctimas y prevenir el tráfico de personas.

Este año, de los 29 países de América Latina y el Caribe que aparecen en su lista clasificada, solo Argentina, Bahamas, Chile y Colombia se posicionan en el nivel 1, lo que significa que estos gobiernos cumplen con los estándares mínimos de la Ley de protección de víctimas de trata y violencia de Estados Unidos y del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. No obstante, a pesar de que este nivel represente una mejor posición, no significa que las acciones nacionales sean suficientes, pues igual se presentan casos de tráfico de personas en sus territorios.

En dicho informe, se menciona que en todos los países de la región existen casos de trata de mujeres, hombres y de niños, niñas y adolescentes. Las víctimas son tanto nacionales como extranjeras, inmigrantes documentados o no y personas indígenas.

Entre las razones, están el tráfico sexual, en bares y burdeles; el trabajo forzoso, en diferentes sectores como de la confección, agricultura, venta ambulante, producción de carbón y ladrillo y trabajo doméstico; también, para el transporte de drogas y otras actividades ilícitas.  Entre los casos se identificó incluso que familiares o cuidadores de niños y niñas son los que promueven estos delitos.

En el informe, también se menciona que niños, niñas y adolescentes inmigrantes que se encuentran en centros de protección están en potencial riesgo de abusos y de trata, pues algunos traficantes los reclutan estando en dichos centros. También se registraron casos en los que agentes policiales estaban en complicidad con traficantes de personas, pero recibieron sanciones administrativas en lugar de ser juzgados.

Frente a esta situación, el gobierno de Estados Unidos hace énfasis en la necesidad de mejorar y endurecer las condenas para traficantes de personas, ampliar los esfuerzos para identificar y proteger a las víctimas de trata, así como garantizar que estas no sean juzgadas por las acciones delictivas que cometieron obligados y presionados por sus traficantes.

Sobre la posición de los países de América Latina y el Caribe en el informe

Los países de la región que están en el nivel 2, que no cumplen por completo con los estándares de la ley ni del protocolo, pero que están realizando esfuerzos para lograrlo, son Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Los países que están en el nivel 2 “Lista de vigilancia” son lo que, además de tener el perfil del nivel 2, tienen un número estimado de víctimas que es significativo o que va en aumento, y donde no se están tomando acciones proporcionales a ello, o donde no se tiene evidencia suficiente de los esfuerzos para los años anteriores. Para este grupo, los países de la región son Barbados, Belice y República Dominicana.

En cuanto al nivel 3 y último, lo conforman los países cuyos gobiernos no cumplen completamente con los estándares mínimos de la ley y no están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.  A este grupo pertenecerían Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Lee el informe mundial aquí.

                                                        

                                                      Fuente: USA. Trafficking in Persons Report 20th edition. Page 61.

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