El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conmemorado por gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, instituciones y la sociedad en general, tiene una particularidad este año. Hoy recibimos el 12 de junio en medio de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, que ha puesto en evidencia el alto nivel de desigualdad y de vulnerabilidad en el que muchas poblaciones se encuentran.

Sin embargo, la coyuntura actual también presenta una oportunidad para repensar nuestras acciones y generar cambios positivos sostenibles. Por ello, es un momento para reflexionar sobre la realidad que viven 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la región, de los que 6,3 millones están en trabajo peligroso. Es un momento clave para que como sociedades actuemos en consecuencia y en el que es necesaria la voluntad política para avanzar hacia el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030.

“Ahora más que nunca #SinTrabajoInfantil” es el mensaje de América Latina y el Caribe para enfatizar la urgencia de incluir a niños, niñas y adolescentes en las acciones inmediatas, decisivas y a gran escala que se rediseñen y ejecuten en los países para la gestión y recuperación durante y después de la crisis sanitaria.

El impacto de la COVID-19 en las familias de la región es grave, sobre todo para aquellas que no tienen acceso a algún sistema de protección social. Muchas familias han perdido o están en riesgo de perder sus medios de subsistencia, incluso con un riesgo alto de entrar en situación de pobreza o agravarla. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la crisis social y económica a consecuencia de la pandemia incrementará la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Factores como la reducción del PIB, el incremento del empleo informal y el cierre de las escuelas multiplican la probabilidad de un aumento del trabajo infantil en la región.

De acuerdo con estimaciones de la OIT, aumentará el desempleo y el subempleo, lo que podría originar que muchas familias vean en el trabajo infantil una estrategia inmediata de subsistencia para afrontar la crisis. Por un lado, niños, niñas y adolescentes que no estaban en riesgo de trabajo infantil lo estarían; incluso podrían caer en trabajos peligrosos. Por otro lado, las condiciones de  niños, niñas y adolescentes que ya se encuentran en trabajo infantil, de por sí perjudiciales, podrían empeorar y exponerlos a formas peligrosas o, peor aún, delictivas.

Además, el cierre temporal de las escuelas para evitar la propagación del virus ha implicado que niños, niñas y adolescentes pierdan un espacio seguro y de protección de sus derechos, así como los servicios de alimentación y nutrición que en algunos casos se proporcionaban durante las clases.

En el contexto actual, las niñas y las adolescentes enfrentan un riesgo adicional al asumir mayor carga laboral en el propio hogar o para terceros, que puede incluir más horas de trabajo doméstico y de cuidados, y podría empujar paulatinamente al abandono de sus estudios. Esta situación aumenta, además, su vulnerabilidad a maltrato, explotación y abusos físicos. 

Niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados también forman parte de las poblaciones más vulnerables. La discriminación y exclusión social ahondada por la crisis y el acceso limitado a servicios de protección, educación y salud, complejizan su situación y les podría impulsar a recurrir al trabajo infantil.

Como propuesta, la OIT y la CEPAL sostienen que los esfuerzos regionales deben orientarse a tres aspectos estratégicos interdependientes, centrados en las personas, para no dejar a nadie atrás. El primero se refiere a la prevención efectiva para evitar la inserción precoz al trabajo infantil y la pérdida o falta de acceso a trabajos en condiciones protegidas para los y las adolescentes que han alcanzado la edad legal para trabajar. El segundo, a identificar y localizar a niños, niñas y adolescentes trabajadores. Por último, a reestablecer los derechos de las personas menores de edad que trabajan y de sus familias.

Asegurar los derechos de la infancia durante y después de la crisis es imprescindible para construir una nueva y mejor normalidad. El año 2021, declarado Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, nos llama a formular respuestas innovadoras, diferenciales y sostenibles que contribuyan a  acelerar la reducción del trabajo infantil y del trabajo infantil peligroso en América Latina y el Caribe.