América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor reducción del trabajo infantil, pasando de tener 20 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores en el año 2000 a 10,5 millones en 2016. Sin embargo, para alcanzar a tiempo y de manera sostenible la Meta 8.7 que demanda ponerle fin de aquí a 2025, urge generar políticas que no dejen a nadie atrás y que incidan directamente en las personas que están más vulnerables a esta realidad.

Debido a ello, los países de la región se percataron de la necesidad de repensar las acciones que han sido efectivas hasta hoy y formular soluciones innovadoras que fortalezcan el enfoque preventivo. “Cerrar el grifo” del trabajo infantil exige adelantarse al problema, pero uno de los principales obstáculos ha sido la escasez de datos sobre la situación particular de las personas más vulnerables al trabajo infantil.

En consecuencia, la región se propuso descubrir:

• Quiénes son los niños, niñas y adolescentes en riesgo y por qué;

• Cuáles son los territorios y sectores productivos más vulnerables, especialmente a las peores formas de trabajo infantil;

• Cuáles son las condiciones en las que trabajan; y

• Cuáles son los programas y servicios más efectivos para evitar o mitigar la participación prematura de personas menores de edad en el mundo laboral.

Bajo este contexto, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, con el apoyo de la OIT y de la CEPAL, ha desarrollado el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, una herramienta estadística que, sobre la base de datos existentes en los países (encuestas, censos y registros administrativos), identifica y clasifica territorios según su nivel de probabilidad de trabajo infantil para determinar en qué zonas geográficas se deben priorizar los esfuerzos preventivos. Asimismo, identifica cuáles son los factores asociados que más inciden en la vulnerabilidad del territorio para mejorar las acciones multisectoriales existentes.

Este modelo es una estrategia innovadora y costo efectiva que ofrece a los países información confiable para responder las interrogantes anteriormente planteadas y ayudar a hacer más eficiente la acción pública y la contribución de los interlocutores sociales. Con la información sistematizada, los países pueden promover y fortalecer el diálogo de políticas y la articulación en el territorio para diseñar respuestas focalizadas de tipo preventivo e interrumpir la trayectoria del trabajo infantil, avanzar en el logro de las metas nacionales y alcanzar la Meta 8.7.

En el año 2017, Brasil, Colombia, México y Perú implementaron el Modelo, con lo cual se logró analizar 11,000 municipios e identificar que cerca de 2,000 de ellos tienen alto riesgo de trabajo infantil entre los cuatro países. Para la ejecución de esta fase, los países avanzaron a lo largo de cuatro etapas. La primera consistió en la identificación de factores asociados al trabajo infantil; la segunda, en la elaboración del modelo logístico; la tercera, en la aplicación de los coeficientes del Modelo en el censo de población; y la cuarta, en la caracterización territorial.

Para lograr la implementación, los países requirieron de dos tipos de fuentes de información: una que estima el trabajo infantil a nivel nacional y que les permitió construir el modelo logístico, como las encuestas de trabajo infantil, y la segunda que facilitó el nivel de desagregación e información suficiente para replicar el modelo a nivel subnacional, como los censos de población.

Algunas de las variables utilizadas por los países para identificar los factores asociados al trabajo infantil han sido el sexo, la edad, la zona de residencia, la etnia/raza, si es migrante o no, la asistencia educativa, el número de personas en el hogar, la educación y ocupación de padres, entre otras. Al respecto, es preciso señalar que cada país seleccionó sus variables en base a la revisión teórica de estudios nacionales anteriores y, una vez identificadas, confirmó si estas podían ser medidas con las encuestas y censos utilizados.

De acuerdo a lo ya analizado por el Modelo, cabe destacar que la región deberá focalizar su trabajo e intervenir prioritariamente en: zonas rurales y frágiles por temas ambientales, desastres o condiciones de inseguridad; sectores productivos expuestos como el de agricultura y el sector servicios; y donde existan grupos de población en especial riesgo como pueblos indígenas y afrodescendientes y personas migrantes.

En consecuencia, este 2019 los países piloto esperan iniciar con la segunda fase del Modelo. El primer municipio donde se ha confirmado su ejecución es Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital del Estado de Chiapas en México. Esta ciudad ha sido la primera en asumir el compromiso voluntario de ir más allá y profundizar en la situación local del trabajo infantil. Con la segunda fase en marcha, Tuxtla Gutiérrez espera identificar, diseñar y/o ajustar las intervenciones multisectoriales a nivel local que pueden ser plasmadas posteriormente en un instrumento de política o fortalecer componentes de instrumentos ya existentes para robustecer los servicios locales preventivos y de protección frente al trabajo infantil.

La región requiere disponer de más información y datos que le permita anticiparse e intervenir en territorios específicos. Próximamente, el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo infantil será implementado también en Chile, Costa Rica, Guatemala y Jamaica, y se espera que más países se sumen pronto.

En este marco, la Iniciativa Regional incentiva a todos los actores involucrados y comprometidos con el logro de la Meta 8.7 a encontrar más alternativas y herramientas como el Modelo, que faciliten la creación de respuestas innovadoras para contribuir a acelerar la reducción del trabajo infantil y prevenir su aparición.