El trabajo infantil no es cualquier actividad económica realizada por niñas, niños y adolescentes (como la ayuda familiar o la enseñanza acompañada), sino una difícil realidad que restringe sus derechos:

  • Es perjudicial para su desarrollo mental, físico, social y moral; tanto en el presente como en el futuro.
  • Interfiere en su escolarización y les impide asistir a clase o concentrarse.
  • Suele reproducirse de generación en generación.
  • En sus formas peligrosas, les expone a entornos insalubres y poco seguros que podrían causar muerte, lesiones, discapacidad o enfermedades.

El número de trabajadoras y trabajadores infantiles en América Latina y el Caribe se ha reducido significativamente durante las últimas dos décadas. Sin embargo, aún tenemos 8,2 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, de los cuales, 5,5 millones realizan actividades peligrosas.

Esta situación se ha visto exacerbada por la crisis desatada por la COVID-19, la cual podría haber causado un incremento de más de 300 mil trabajadores y trabajadoras infantiles en la región, de acuerdo con OIT-CEPAL.

Retroceder no es una opción.

El trabajo infantil es una subcategoría de la actividad económica, que incluye:

Niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción económica que no han alcanzado la edad mínima de admisión al empleo establecida en la legislación nacional de cada país en concordancia con la normativa internacional.

Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan actividades peligrosas determinadas por la legislación nacional de cada país en concordancia con la normativa internacional.

Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que son víctimas de las peores formas de trabajo infantil, entre las cuales se incluyen la esclavitud, la trata de personas menores de edad, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso como el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, la explotación sexual comercial y pornografía y el uso de personas menores de edad para cometer delitos.